La Charca de Suárez

Según el informe del Plan de Uso y Gestión de los humedales de la vega de Motril, los humedales constituyen uno de los ecosistemas más productivos y diversos de la Tierra ya que proporcionan al conjunto de la sociedad, bienes y servicios de gran valor que históricamente no han sido tomados en cuenta.

Durante muchos años han sido considerados como zonas insalubres e improductivas que debían transformarse en suelo agrícola o urbano. Debido a la rápida regresión que sufren los humedales en extensión y calidad ambiental, se estima que el 60% de los humedales españoles han desaparecido en los últimos 40 años.

Los humedales andaluces presentan una gran diversidad de tipos ecológicos y son áreas muy importantes para la conservación de la biodiversidad, pero de forma tradicional, han sufrido procesos de desecación y saneamiento y actualmente han sido objeto de la alteración de sus cuencas hidrográficas, del vertido de residuos sólidos y líquidos y de la explotación intensiva de acuíferos asociados.

En estos momentos al valor recreativo, educativo, divulgativo y turístico de un espacio natural se le otorga una gran consideración ya que condiciona parte de la percepción social o de la imagen pública del mismo y, por otra parte, porque puede suponer una fuente de ingresos económicos.

En el caso de Motril, la desaparición de las últimas hectáreas de zonas húmedas iba a ser inminente cuando se planteó la posibilidad legal, debido al PGOU del año 90, de urbanizar las parcelas correspondientes a la Charca de Suárez. Este hecho dio lugar a una serie de acciones reivindicativas impulsadas por la Asociación Buxus, con la incansable labor por parte de Francisco Tarragona (1950-2011), uno de los fundadores de dicha asociación, geólogo y profesor en la Universidad de Granada, y la Asociación Ecologistas Alborán, ambas asociaciones locales, que fueron apoyadas por los ciudadanos a través de miles de firmas por lo que dichas demandas de protección fueron finalmente recogidas por el gobierno motrileño, que optó por aprobar la modificación del PGOU de la localidad para recalificar los suelos pertenecientes al entorno de la Charca de Suárez.